A raíz de los últimos acontecimientos sucedidos en EEUU con la Corte Suprema, ha dado mucho de que hablar en la sociedad estadounidense. En Argentina, sin embargo, se habla poco de la corte suprema, y de cómo sus decisiones afectan al país. En esta nota, se espera hacer una comparación de ambas. En la corte suprema de EEUU, los presidentes son elegidos por el poder ejecutivo, no el pueblo. El artículo III de Constitución le da al congreso poder sobre la estructura y forma de la corte, y su estructura actual (9 jueces, 1 presidente y 8 asociados) solo está vigente desde 1869. Otra cosa que tiene permitida el congreso es. crear tribunales subordinados a la corte; se crearon cortes distritales, que juzgan la mayoría de los casos federales, así como 13 tribunales de apelaciones, que evalúan los casos de las anteriores. En general, el congreso determina la jurisdicción de las cortes federales, pero en algunos casos, como una disputa entre dos o más estados, la constitución le otorga jurisdicción de primera instancia a la corte suprema, una autoridad que el congreso no le puede quitar. La corte, además, tiene el poder único de interpretar las leyes, y sus decisiones no pueden ser revocadas por otro cuerpo. Todos los jueces son nominados por el presidente, y sirven hasta su retiro o muerte. Actualmente, 6 han sido elegidos por un presidente republicano (el actual presidente de la corte, John Roberts, y Clarence Thomas, por Bush padre, Samuel Alito, por Bush hijo, y Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barret, por Trump) mientras que solo 3 han sido elegidos por un presidente demócrata (Sonia Sotomayor y Elena Kagan, por Obama, y la jueza más reciente, Ketanji Brown Jackson, por Biden). Además de su retiro o muerte, un juez puede ser destituido por juicio político, pero eso nunca pasó. La razón por la que lo jueces son elegidos por el presidente y no el pueblo es para que estén aislados de las tendencias políticas, pero, actualmente, la corte es mucho más conservadora que el público estadounidense desde hace dos años, cuando, en el mandato de Trump, se dió una súper mayoría de conservadores (6 sobre 3). Además, el conservadurismo de la corte ha sido un proceso que perdura a lo largo de los años. De los 18 jueces nombrados de 1969 hasta hoy, 14 han sido nominados por un republicano. Actualmente, están más dispuestos a prevalecer cuestiones religiosas por encima de libertades individuales, como en el caso de la derogación de Roe v. Wade, que garantizaba el derecho al aborto en todo el país, o el fallo más reciente que permite que el estado financie escuelas religiosas. En el caso de la corte suprema argentina, esta es bastante parecida a la corte de EEUU. Se define como el órgano máximo del poder judicial, y sostiene que su misión es asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar sus derechos y garantías y participar en el gobierno de la República. El tribunal debería estar compuesto por 5 miembros, aunque actualmente está compuesto por 4: Horacio Rosetti, el presidente, Carlos Rosenkratz, el vicepresidente, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Copenzetti. El quinto integrante será elegido por el presidente de la nación, como en EEUU. A diferencia de la corte estadounidense, además de dejar de servir por retiro, muerte o juicio político, pueden ser removidos por mal desempeño o delito. Otra diferencia que tiene con EEUU es que para poder ser elegido como juez de la corte suprema, se tiene que tener 8 años de ejercicio como juez. (Aunque la mayoría de los jueces de la corte suprema de EEUU son jueces, no es poco común que se elija a un profesor universitario para el puesto). Uno de sus fallos más recientes es sostener que las celebraciones en escuelas públicas del Patrono Santiago y de la Virgen Carmen del Cuyo, (cuyas fechas son el 25/7 y el 8/9, respectivamente) no violan la neutralidad religiosa del estado, ya que son parte de la cultura mendocina. Esta decisión es similar a las decisiones tomadas recientemente por la corte suprema de EEUU. Actualmente, la corte tiene problemas con organismos de los derechos humanos, que sostienen que la corte beneficia a los genocidas de la última dictadura, y buscan democratizar el poder.